Creo que la dificultad en discutir esta ley reside en que gran parte de ella no tiene contenido y desde luego con ello me refiero a las amplias delegaciones de facultades que se hace a partir de las declaraciones de emergencia que contienen el artículo 1°). Hay otra parte que sí puede ser discutida que es aquella que genuinamente establece ciertas medidas en las que se puede analizar el texto y a partir de allí acordar o disentir. Si bien la presencia de los ministros y de los funcionarios del Poder Ejecutivo sirve para esclarecer en parte cuál es el contenido que se le quiere dar a partir de la delegación, ello no obsta al hecho de que ese contenido va quedar como parte de la discrecionalidad que el Poder Ejecutivo ejerza en función de esas facultades y no como parte de la decisión que este Congreso tenga en el análisis de esas políticas y con la garantía que otorga tener las establecidas por una ley.

Dicho eso y entendiendo que en la sesión seguramente se profundizarán los argumentos sobre el tema de la delegación de facultades que parece ser y es el foco de conflicto más grande en la discusión de esta ley a partir de ese amplísimo entendimiento de lo que la Constitución asigna como emergencia y administración para convertirlo en una muy extensa delegación de facultades legislativas de este Congreso, sí nos podemos referir a algunos de los puntos y artículos que se mencionan respecto de aquello que se establece como medida. Hay algo en lo que acuerdo con lo que el secretario de Hacienda dijo respecto a que los impuestos directos son progresivos aquí, en Europa o en cualquier lado y que los impuestos regresivos son los indirectos o los impuestos al consumo. Ahora, él dijo eso como definición académica, pero la estructura de la ley responde a otras propuestas, porque salvo el tema de bienes personales que podemos discutir las alícuotas que se establecen a partir del proyecto, el resto son todos impuestos que generan distorsión sobre los precios, generan ineficiencia y que poco tienen que ver con ese concepto que él daba de los impuestos directos.

Y con esto hablo de los derechos de exportación, de la tasa de estadística, de los impuestos internos, del impuesto PAIS, de las contribuciones patronales, todos los que producen distorsiones en el sistema de precios en los bienes, y a partir de eso ineficiencia en nuestra economía. Escuché a una diputada decir que se respetaba al Congreso precisamente porque se enviaba este proyecto para el tratamiento en lugar de recurrir a los decretos de necesidad y urgencia. Debo recordarle que la Constitución prohíbe que el presidente utilice decretos de necesidad y urgencia en el área tributaria, entonces, esa no hubiera sido una opción. Creo que tiene que ver con que este proyecto de ley tenga tantos artículos sobre el tema tributario, que es lo que principalmente dispone, pero con mucha incoherencia, porque como digo se declara la emergencia por un año, pero se dan facultades para aumentar derechos exportación por dos años, los cuales acaban de ser aumentados por decreto, y se vuelve a facultar para incrementar la alícuota. Se crea otro gravamen a partir de la emergencia en este impuesto PAIS por cinco años, a pesar de que la Constitución prohíbe la delegación de facultades tributarias al decir que solo el Congreso impone contribuciones. Se delega aquí el aumento de alícuotas al Ejecutivo en el caso de bienes personales hasta en un 100 por ciento, también en el caso que mencionaba de los derechos de exportación se establecen facultades de aumento y en otros directamente hay un vacío total en la delegación.

El tema que discutimos de la devolución del IVA o los reintegros, como se los denominó, en definitiva, salvo por los comentarios respecto a que sería un monto fijo y cómo se implementaría, ciertamente en la ley no están las bases sobre la forma en que se delegaría esta potestad tributaria que me parece –reitero- es el foco del proyecto en cuanto a lo que está explicitado el contenido y que pasa básicamente por una serie de aumentos de impuestos y no los impuestos directos de los que hablaba el secretario de Hacienda, sino de impuestos que producen distorsión sobre los precios. Esta vaguedad en las definiciones se traslada a otras áreas también como ha sido mencionado por los propios diputados del hoy oficialismo. Un ejemplo, el de los créditos UVA, que se pidieron precisiones, pero ante varias consultas que se reiteraron, en definitiva, no se dieron precisiones claras sobre cuál es la política al respecto de esos créditos, y la ley se limita a decir que se hará una evaluación sobre el sistema y que se estudiará el impacto del sistema, para lo cual verdaderamente no hacía falta una ley.

Otra facultad que genera interrogante es la que se hace respecto de la deuda pública, que si bien tomamos noticia por supuesto de la intención de restructuración de la deuda pública que tiene nuestro país, los artículos 3º y 4º dan una amplísima facultad para generar esa reestructuración, facultad que ya bajo la ley de administración financiera del Congreso otorga al Poder Ejecutivo nacional a partir del artículo 65, pero en el que establece condiciones precisas en cuanto a que debe producir una mejora de montos, plazo e intereses para que esa restructuración se pueda hacer. Se reemplaza esto por una facultad muchísimo más amplia sin establecer ningún requisito más que el del informe posterior a la comisión bicameral respecto de lo que se ha realizado. Hay varias de estas cuestiones de política económica que también ya son conocidas y se han utilizado en nuestro país como el congelamiento tarifario, el establecimiento de un impuesto para generar control de cambios y desdoblamiento cambiario, el buscar desalentar el comercio exterior, tanto a través de los derechos de exportación como a través del aumento de la tasa de estadística, y todo esto que tan bien conocemos en nuestra historia económica sobre cuáles han sido sus resultados y cómo no han logrado llevar a la Argentina en la senda del desarrollo. Como último punto, de nuevo, refiriéndome a lo que está en el contenido, creo que la mayor preocupación claramente está en la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria.

Esto tiene una larga historia en lo legislativo y una larga historia también en lo judicial. Recordemos primero que tenemos una cláusula constitucional de jubilaciones y pensiones móviles. Esta es una manda al Congreso para que tenga un sistema de movilidad; ha habido órdenes judiciales para que este Congreso establezca la movilidad o la rectifique de acuerdo a esos criterios jurisprudenciales, y creo que la peor solución que podemos tener es por 180 días no tener fórmula de movilidad. Es parte de la historia legislativa que en el año 2010 se intentara lograr tanto el establecimiento del 82 por ciento móvil para la jubilación mínima como la actualización de acuerdo a los criterios jurisprudenciales de Badaro, Elliff y otros casos del resto de las jubilaciones, lo cual aun a pesar de la sanción de un proyecto del Congreso fue luego vetado por la entonces presidente de la Nación. Creo que el hecho de que hayamos llegado a una fórmula jubilatoria que acompañe la inflación es positivo, por un lado por mantener la capacidad de compra, el poder adquisitivo de los jubilados, y también porque rompe con un esquema que teníamos en el que se hacía la variación de la jubilación de acuerdo a la evolución de la recaudación del país, lo cual es muy mala política, no solo para los jubilados porque no les asegura su capacidad de compra sino que también es mala política fiscal para nuestro país. La República Argentina, y esto no es un problema de un gobierno u otro sino que es un problema estructural de nuestra política fiscal, tiene un presupuesto y un gasto que es procíclico.

Es decir, cuando nosotros tenemos períodos de crecimiento aumentamos el gasto, en general aumentamos el gasto corriente y mucho menos el de capital, y cuando tenemos períodos de recesión ajustamos el gasto, empezando por el gasto de capital y luego el corriente. Las fórmulas jubilatorias que se basan en el crecimiento económico o en la evolución de la recaudación como supimos tener en un tiempo y como suena que podríamos volver a tener no solo no preservan la capacidad de compra de los jubilados, sino que además generan esta política procíclica, que en lugar de contrarrestar los ciclos económicos tiende en definitiva a profundizarlos. Reitero, creo que la peor solución es no tener una, es dejar al arbitrio del Poder Ejecutivo que se otorguen los aumentos cuando ya hay derechos adquiridos por ley a determinadas aumentos, tanto en el mes de marzo como en el de junio, el primero de un 11 por ciento y el otro de un tanto similar. Y quedó claro a partir de la exposición del ministro en el referido tema que si bien promete hacer un esfuerzo fiscal para con las jubilaciones mínimas toma el resto de las jubilaciones como una variable de ajuste por necesidades fiscales. Esto debería ser explicitado y discutido en esos términos, señor presidente. (Aplausos).

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