Señor presidente: entiendo que a partir de la discusión que se dio ayer en comisión vamos a tener una modificación en el título de la ley –concretamente en el artículo 1°- para precisar el concepto de deuda externa.

A partir de ello, vamos a tratar el universo de los títulos emitidos bajo ley extranjera, sea en poder de residentes o no residentes. Este punto lo deberá confirmar el bloque mayoritario. En esta oportunidad quiero llamar la atención sobre un tema que fue planteado en la reunión de comisión y respecto del cual no se tuvo respuesta. Me refiero al referido a los fondos en manos de los organismos de la seguridad social.

Hay que tener en cuenta que, bajo la publicación de la propia oficina nacional de crédito público sobre el stock de deuda al tercer trimestre de 2019, el 21,1 por ciento de la deuda que está en manos del sector público ha sido emitida bajo ley extranjera. Esta reestructuración –así como las que se efectúen de los títulos emitidos bajo ley nacional, sean ellos en moneda local o extranjera- tienen una afectación profunda sobre los fondos de la seguridad social y los que se utilizan para pagar las prestaciones previsionales a nuestros jubilados y pensionados. Este punto debe considerarse en torno de la ANSES y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Si bien el informe del segundo trimestre del año 2019 no detalla los títulos bajo ley extranjera o local sí lo hace por moneda, señalando que el 41 por ciento de los títulos están en dólares y el 0,03 por ciento en euros. Allí se hace referencia entre las tenencias al bono discount 2033 regido por ley de Nueva York. El propio director de la ANSES en referencia a la petición que hacíamos desde el bloque opositor en torno a la deuda de las provincias decía que no se podía afectar la composición del Fondo de Garantía de Sustentabilidad licuando la deuda en poder de la ANSES ni con la Nación ni con las provincias.

Consideramos que como en tal sentido no hay una aceptación respecto de las deudas provinciales, la reestructuración de la deuda nacional tampoco debe afectar el dinero de nuestros jubilados y la composición que los organismos del sector público tienen bajo ley extranjera. A esto se agrega la situación de las cajas previsionales provinciales para servidores públicos y también para profesionales.

Tenemos 79 cajas profesionales en distintas provincias que están establecidas por ley y reguladas por el propio Estado. Los instrumentos legislativos de las provincias establecen la posibilidad de inversión en títulos públicos. Estamos hablando de un subsistema dentro de nuestro sistema previsional que cuenta con más de 600 mil afiliados. La gran mayoría de estos afiliados –arriba del medio millón- son activos que hacen su aporte a la espera de sus beneficios previsionales. Una parte de ellos –más de 50 mil jubilados y pensionados están cobrando sus haberes a partir de esas cajas. Considero que la reestructuración de la deuda los afectaría, pues ellos poseen en esas cajas tenencias en títulos bajo ley extranjera, así como la tienen bajo ley local.

En el tratamiento en particular vamos a proponer la inclusión de un artículo sobre el particular. Existen antecedentes al respecto; me refiero el proyecto de reestructuración de la deuda que fue enviado el año pasado por el Poder Ejecutivo a esta Cámara. Asimismo, contamos con el antecedente normativo del decreto conocido como reperfilamiento de deuda dictado el año pasado. En esas ocasiones hubo una exclusión por parte del Poder Ejecutivo de la reestructuración de los organismos de la seguridad social, y lo mismo perseguimos en este tratamiento.

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2 Comentarios

AffiliateLabz · 15 febrero, 2020 en 6:05 pm

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BrianChory · 3 abril, 2020 en 10:24 am

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