Hace apenas diez días nos reunimos en este recinto en Asamblea Legislativa para la asunción del presidente de la Nación, a quien presentaron -y se presentó a sí mismo- como el presidente de la unidad. También el presidente de esta Cámara había anunciado que el primer proyecto a tratar sería el del presupuesto 2020, pero la primera decisión que se tomó fue la de prorrogar el presupuesto y de esa manera vaciaron la primera facultad del Congreso, que es la de fijar la política de gasto y de recursos de la administración nacional. Así, el primer proyecto que se envió fue esta ley, que debemos denominar como de delegación de superpoderes y aumento de impuestos. Esta iniciativa amplía la facultad de reasignaciones presupuestarias y declara -como se ha dicho- la emergencia pública en nueve materias. Además hace una muy extensa delegación de potestades tributarias de nuestro Congreso.

La Constitución originaria de 1853 en su artículo 4°, al formar el tesoro de la Nación, hablaba de los derechos de importación y exportación y de las contribuciones, pero el artículo 17 de nuestra Constitución establece que es solo el Congreso de la Nación el que fija esas contribuciones, honrando un antiguo principio de nuestras democracias constitucionales en el sentido de que no hay imposición sin representación. Pero vemos que esta ley aumenta impuestos: aumenta las contribuciones a la seguridad social e impuestos al trabajo, aumenta el impuesto a los bienes personales y establece una delegación de alícuotas al Poder Ejecutivo. Asimismo crea este impuesto país, que es un desdoblamiento cambiario, y le otorga la facultad por cinco años.

También aumenta la tasa de estadística, los impuestos internos y los derechos de exportación. Da facultades para establecer alícuotas al Ejecutivo por dos años, excediendo el plazo de la emergencia. Entonces, vinieron a hablar de progresividad en los impuestos pero, salvo el caso de bienes personales -que podemos discutirlo-, el resto son todos una masiva distorsión del sistema de precios de la producción y del comercio de nuestro país. El proyecto habla también de la deuda. Se ha hecho una crítica a la gestión de la deuda por parte de todos los gobiernos anteriores pero acá volvemos a delegar facultades sobre la gestión de la deuda cuando de hecho ya la ley de administración financiera tiene autorizaciones al Ejecutivo para reestructurar, pero ahora lo hace sin límites, sin más que la obligación de sólo posteriormente informar a este Congreso, a pesar de que también nuestra constitución en su artículo 75, inciso 7, establece que es este Congreso el que arregla el pago de la deuda exterior e interior de la Nación. Un solo punto más, señor presidente, y posiblemente el más sensible. Me refiero a los haberes previsionales.

Nuestra Constitución establece en el artículo 14 bis histórico que la ley establecerá jubilaciones y pensiones móviles. Esta decisión de suspender por 180 días la movilidad jubilatoria no es más que la suspensión de un derecho constitucional, con el agravante de que ese artículo 51 de la ley delega en el propio Ejecutivo para que a través de la reglamentación establezca qué otras leyes suspende, lo que constituye una verdadera barbaridad. Por eso, y para concluir, hago un llamado para que, como diputados de la Nación, defendamos las atribuciones de este Congreso, nuestra forma republicana de gobierno y la Constitución por la que -sobre todo nosotros- hemos jurado.

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