El proyecto de Ley de gestión de sostenibilidad de la deuda pública externa se asemeja más a una declaración de principios que a una Ley. Es un texto plagado de enunciados generales y políticos vacíos que no hacen referencia a montos, intereses y plazos para la reestructuración de la deuda. Es la búsqueda de un aval político para negociar, según Guzmán necesario para la prórroga de jurisdicción para la deuda emitida bajo ley extranjera. Ante reiteradas preguntas en la conferencia de prensa que dio el Ministro de Economía en el día de ayer sobre cuál y cómo sería la propuesta a los acreedores y, en definitiva, la reestructuración de la deuda, este respondió que lo presentaría en el ámbito y momento oportuno. Sin embargo, el proyecto remitido al Congreso  no refleja el contenido de la propuesta.

Una vez conocido el proyecto, quedó en claro que el Poder Ejecutivo sería quien se encargue de negociar la deuda sin intervención alguna del Congreso. La Ley de Administración Financiera en su artículo 65 contempla autorizaciones al Ejecutivo para reestructurar la deuda, y la recientemente aprobada Ley de Emergencia ahora le permite hacerlo sin límites. Pero éstas son otras delegaciones de atribuciones del Congreso, que es al que corresponde “contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación” (artículo 75 inciso 4 de la Constitución Nacional) y “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación” (artículo 75 inciso 7 de la Constitución Nacional).

Las consecuencias siempre son las mismas. Terminamos cuestionando la gestión de la deuda que hacen los sucesivos gobiernos, pero es algo que elegimos el darles toda la potestad para hacerlo sin control, porque, como dijimos, constitucionalmente tanto para emitir como reestructurar deuda debiera el Congreso aprobarlo.

Hubo intenciones del Senado de hacer respetar esa prerrogativa del Congreso. En el 2016, la Cámara Alta dio media sanción a un proyecto que proponía que todas las operaciones de crédito público solo podrían realizarse por el Poder Ejecutivo previa autorización por ley específica que determinara el tipo de deuda a emitir, monto máximo, plazo de amortización, origen y destino del financiamiento y prohibiendo la prórroga de jurisdicción en cada caso sin autorización expresa.

Aunque aquel proyecto no se convirtió en Ley, es un antecedente que reafirma debiéramos como Congreso recuperar las facultades que han sido entregadas, y tan mal utilizadas a lo largo de nuestra historia. No se trata de ser oficialismo u oposición, sino de defender la distribución de poderes en nuestra República, asegurar el control y de ese modo tener una discusión abierta y pública acerca del endeudamiento y las consecuencias de su autorización. Antes que darse otro cheque en blanco para que un Ministro reestructure como quiera, lo que más bien debiera hacerse es presentar el acuerdo de reestructuración al Congreso, donde están todos los representantes, para que éste lo apruebe.

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2 Comentarios

AMIEVA CORREA CARLOS ALBERTO · 23 enero, 2020 en 2:42 am

Alejandro ese es el punto en en el cual tendras que trabajar y esforzarse no puede ser que estos señores con minúscula deleguen en el Ejecutivo la responsabilidad que tienen los legisladores,que es el de controlar,como te se rápido e inteligente y te has fijado un norte quiero que sepas que te apollo incondicionalmente y con la lealtad de un buen soldado que ama a su PUEBLO pueda ser que antes que parta de este mundo verte liderando nuestra provincia y porque no desirlo también nuestra querida y amada PATRIA gran abrazo

SEO Reseller Program · 23 enero, 2020 en 5:38 am

Awesome post! Keep up the great work! 🙂

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