Los gobiernos locales han sido los responsables en el territorio de asegurar el cumplimiento de las medidas de confinamiento para hacer frente al coronavirus. Además, estos están a cargo de la salud pública, los servicios de emergencia, la educación. De esa forma, provincias y municipios se han transformado en los actores principales para hacer frente a la crisis sanitaria y brindar apoyo económico y social, más allá de las medidas tomadas a nivel nacional.

Es clave lo que las provincias y municipios puedan hacer. En este orden, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que anunció un paquete de ayuda económica para el país, resaltó, entre otras cosas, la coordinación que debe existir entre los distintos niveles de gobierno. Nadie puede hacer frente a la crisis por sí solo.

Sin embargo, el accionar del gobierno de San Luis ante la emergencia es, por lo menos, preocupante. El reciente informe de la consultora ‘Analytica’ sobre la respuesta de las provincias a la crisis económica -que tomó en cuenta, además de las medidas locales implementadas, el margen fiscal que tenían las provincias para tomarlas- San Luis es la provincia que peor respondió, especialmente en el rubro de apoyo a MiPyMes y a municipios. Incluso provincias con una capacidad fiscal mucho más endeble que San Luis, como Rio Negro y Chubut, pudieron asistir a los municipios y brindar mejor apoyo económico y social.

Los municipios, por su proximidad con los vecinos y prestación de servicios básicos son fundamentales para hacer frente a la emergencia. Aunque la crisis afecta los ingresos propios provinciales y municipales, deben procurarse recursos para que éstos aseguren la continuidad de los servicios básicos y el pago de sueldos. El Gobierno provincial recibió $452 millones del Gobierno nacional y, haciendo caso omiso al pedido de asistencia financiera de intendentes de diferentes signos políticos, anunció que no coparticiparía ni destinaría fondos a los municipios. Esto contrasta con provincias como Buenos Aires y Salta, que anunciaron su auxilio económico a los municipios con los fondos recibidos.

El sector privado tampoco recibió apoyo suficiente de la administración provincial. Mientras otras jurisdicciones brindaron préstamos, avales y alivio impositivo a las empresas, San Luis solamente aplazó el pago de algunos impuestos y prorrogó las fechas para una moratoria tributaria que ya existía. Esta situación también va a contramano a las recomendaciones del BID, que indica que los gobiernos subnacionales deben eximir o facilitar el cumplimiento de pago de impuestos, tasas y servicios públicos, con el fin de apoyar a los sectores productivos y así sostener el empleo.

La respuesta del gobierno de San Luis, aunque preocupante, no sorprende. Proveer a los municipios de recursos nunca fue prioridad del Gobierno provincial, ya que tiene uno de los regímenes de coparticipación municipal más bajos del país. Tampoco lo ha sido el sector productivo y de servicios; San Luis perdió 10 veces más empleo registrado que la media nacional entre 2015 y 2019, sin plantearse nunca ninguna política pública seria para revertir esa tendencia.

En resumen, la pandemia de coronavirus y la respuesta del gobierno de Alberto Rodríguez Saá no hacen más que reafirmar su estrecha visión de federalismo, la falta de coordinación con otros niveles de gobierno, la escasa transparencia en el uso de los recursos públicos, y el continuo olvido del sector privado. 

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