Hace más de un mes, ya comenzada la pandemia, pero sin cuarentena total, manifesté en las redes mi preocupación frente a la acción de gobernadores que erigían fronteras en los límites provinciales y creaban aduanas interiores. Las restricciones a la libertad de circulación sólo pueden ser establecidas por el gobierno nacional bajo Estado de sitio.

Frente al temor al virus, las reglas de nuestra Constitución no eran la principal preocupación y muchos (inclusive en notas periodísticas) recomendaban dejar de lado las formas frente a la urgencia del momento. Así los gobernadores avanzaron con medidas restrictivas, y el gobierno nacional estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio por decreto de necesidad y urgencia, con importante aprobación popular ante la necesidad de protegernos.

Hoy no puedo dejar de transmitir mi preocupación por la experiencia de mi provincia de San Luis. Cada día hay una libertad menos, en nombre de la seguridad y justificada por motivos sanitarios. Primero fue que no saliéramos de casa, salvo a comprar alimentos o medicamentos en la cercanía. Luego, la terminación del documento par o impar del ciudadano fue impuesto como requisito para circular, así serían la mitad cada día. Una mujer que vivía en Santa Rosa del Conlara salió el día equivocado, terminó presa en una comisaría y murió en circunstancias sospechosas.

En Villa Mercedes, el intendente, con la excusa de que los comercios cierran a las 20 horas y no hay motivo para salir de casa, implantó un toque de queda con sonido de sirenas que asemejan a un tiempo de guerra.

Los diarios nacionales estuvieron cinco días sin ingresar a la provincia, bajo la excusa de que el virus podría anidar en el papel, aunque con la curiosa excepción de que eso no ocurría en el diario de propiedad del gobernador que circulaba libremente. La presión de los medios nacionales puso las cosas en su lugar y rescató la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información.

La gravedad más notoria es la situación de los propios sanluiseños varados en otras provincias. No pueden ingresar a sus hogares a pesar del permiso otorgado por resolución nacional, sino que deben pedirle permiso (y ser otorgado) al Gobernador. A ello se suma tener que cumplir una cuarentena provincial en un establecimiento público afrontando los costos por usar las instalaciones. Por iguales motivos, los trabajadores y productores agropecuarios, cuya actividad está permitida no pueden ingresar o salir de Córdoba porque enormes montículos de tierra impiden el paso.

Nunca se sancionaron legalmente las restricciones y la voluntad del Estado se expresa sólo por el Gobernador en un parte diario que lee en la televisión pública provincial. 

Ante esta creciente concentración de poder, está en riesgo el Estado de Derecho. El sesgo autoritario forma parte de nuestra cultura política y la emergencia, y la grave situación sanitaria parecen ser la oportunidad para exacerbar esos modos de ejercer el poder.

La pandemia no puede llevarse consigo las instituciones del sistema democrático.  Los que ocupamos funciones en los poderes legislativos, debemos alertar y controlar las acciones de gobierno. Y todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de mantenernos en alerta para asegurar la vigencia de nuestros derechos.

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